El Documento CONPES 4050 de 2021 establece la Política para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP): Documento CONPES 4050 de 2021. Esta política pública fortalece el SINAP para proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorar la conectividad, aumentar la efectividad de la gestión y enfrentar la degradación y el cambio climático mediante acciones intersectoriales, gobernanza incluyente y financiación estratégica hacia 2030 

La Constitución Política de 1991 (denominada por la Corte Constitucional como: “Constitución Ecológica” o “Constitución Verde”), en el artículo 79 dispone: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”

El Decreto Reglamentario 2372 de 2010, es un decreto reglamentario expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de 1991. Reglamentó el Decreto – Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto - Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.

A partir de la expedición del Decreto Reglamentario 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Decreto Reglamentario 2372 de 2010 se encuentra compilado en los artículos 2.2.2.1.1.1. al 2.2.2.1.6.6 del Decreto 1076 de 2015.

Los documentos CONPES son documentos de política pública que se elaboran con el fin de solucionar problemáticas transversales en cuya solución participan varios sectores y cuya formulación es coordinada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social que fue creado por la Ley 19 de 1958 y es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país (fuente: https://minciencias.gov.co/glosario/documentos-conpes).

El Documento CONPES 4050 de 2021 establece la Política para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP): Documento CONPES 4050 de 2021. Esta política pública fortalece el SINAP para proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorar la conectividad, aumentar la efectividad de la gestión y enfrentar la degradación y el cambio climático mediante acciones intersectoriales, gobernanza incluyente y financiación estratégica hacia 2030.

El CONPES 4050 de 2021 constituye una política integral que articula conservación, sostenibilidad y adaptación al cambio climático mediante una estructura sistémica del Sinap. Reconoce que Colombia enfrenta presiones críticas sobre su biodiversidad, derivadas de la deforestación, cambio climático, actividades ilícitas y fragmentación del paisaje. El documento establece un marco robusto de objetivos, principios y metas de conservación, exige corresponsabilidad intersectorial y promueve un fortalecimiento financiero e institucional para garantizar que las áreas protegidas cumplan su función ecológica y social hacia 2030.

Resumen ejecutivo del Documento CONPES 4050 de 2021

Las áreas protegidas son espacios naturales delimitados y designados institucionalmente por sus valores naturales sobresalientes, razón por la cual se encuentran reguladas y administradas con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación, garantizando una serie de beneficios para el ser humano como la provisión y regulación hídrica, el control de inundaciones, la prevención de desastres, la regulación del clima o la provisión de espacios para el turismo de naturaleza, entre otros. Colombia, al ser el segundo país más biodiverso del mundo, reconoce su riqueza natural como activo estratégico de la nación que sustenta los modos de vida de la población y una parte significativa del aparato productivo del país.

En este sentido, en 2010 se conformó formalmente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) a través del Decreto Reglamentario 2372 compilado en el Decreto Reglamentario 1076 de 2015. Este sistema vincula áreas protegidas públicas y privadas del orden nacional, regional y local, y actualmente protege más de 31 millones de hectáreas equivalentes al 16,6 % de la superficie terrestre del país y al 13,4 % de la superficie marina. Actualmente estas áreas están expuestas a grandes presiones derivadas de la actividad económica como la contaminación, el cambio de uso del suelo y, a escala global, el cambio climático, que representan desafíos para lograr su administración y manejo efectivos.

A pesar de los importantes avances en la protección de la biodiversidad del país, se reconoce que hay un riesgo de pérdida de la naturaleza al interior de las áreas protegidas del SINAP que se evidencia en la degradación y transformación de los ecosistemas naturales, la pérdida de hábitat para especies silvestres y la afectación en la oferta y regulación de servicios ecosistémicos. Reducir al 2030 el riesgo de pérdida de naturaleza en el SINAP, de tal manera que se garantice la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que soportan el desarrollo social, económico y cultural de la nación, será el objetivo central de la política plasmada en este documento. Debido a lo anterior, se requiere llevar a cabo acciones intersectoriales orientadas a consolidar la gestión del sistema y de sus áreas protegidas en los próximos 10 años. El desarrollo de las acciones de esta política tiene un costo estimado de 1,7 billones de pesos por parte de las 21 entidades vinculadas pertenecientes a 12 sectores, lo cual se detallará en la sección de financiamiento.

El Gobierno Nacional se encuentra comprometido en trabajar de manera articulada y armónica en cuatro líneas estratégicas que permitirán: 

(i)    aumentar el patrimonio natural y cultural conservado; 
(ii)    mejorar la conectividad de las áreas protegidas en paisajes terrestres y marinos más amplios; 
(iii)    incrementar la efectividad en la gestión del SINAP y sus áreas protegidas; y 
(iv)    incrementar la corresponsabilidad de los sectores productivos y la retribución a las comunidades locales, con el fin de lograr una gestión más equitativa del SINAP.

Fuente: Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)