La Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Esta ley amplió las inhabilidades para contratar (Contratación Estatal), reforzando la transparencia, el control fiscal, el régimen penal y disciplinario, y mejorando la efectividad de la gestión pública

La Ley 2052 de 2020, por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva del Nivel Nacional y Territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas en Colombia en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones

La Ley 1185 de 2008 modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), fortalece la protección del patrimonio cultural, incluyendo el patrimonio natural como parte del patrimonio cultural de la Nación. Refuerza medidas de conservación, uso sostenible y control sobre bienes con valor ambiental, promoviendo su manejo responsable y la participación comunitaria en su preservación

La Ley 2199 de 2022, por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitución Política y se expide el régimen especial de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca

La Ley 489 de 1998 regula la función administrativa en Colombia, fija la estructura y principios de la Administración Pública, define delegación, desconcentración y régimen de entidades descentralizadas, y establece reglas para el funcionamiento de organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública

Mediante la Ley 1458 de 2011 en Colombia se aprobó el Convenio Internacional de Maderas Tropicales, 2006”, hecho en Ginebra el 27 de enero de 2006. Este tratado internacional regula la cooperación internacional para promover el comercio sostenible de maderas tropicales, la conservación forestal y el manejo responsable de los recursos

La Ley 1776 de 2016 crea las zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social (ZIDRES) como áreas aisladas de los centros urbanos con aptitud agrícola que requieren alta inversión. Impulsa proyectos productivos bajo criterios de competitividad, desarrollo humano sostenible y sostenibilidad ambiental, prohibiendo su ubicación en páramos, parques, humedales o ecosistemas estratégicos 

Mediante la Ley 243 de 1995 en Colombia se aprobó el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978

Mediante la Ley 2206 de 2022 en Colombia se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú y su sostenibilidad ambiental en el territorio Nacional. También promueve su manejo ambiental, conservación, restauración, protección de cuencas y mitigación del cambio climático. Establece clasificación de guaduales, fomenta investigación, desarrollo tecnológico, cadenas productivas y capacitación para impulsar sectores como construcción, industria y agroindustria

El Gobierno Nacional expidió el Decreto – Ley 1094 de 2024, por el cual se reconoce el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA), instrumento de derecho propio expedido por las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), se establecen competencias, funcionamiento y mecanismos de coordinación para su ejercicio en los territorios que lo conforman en el marco de la autonomía y autodeterminación, y se dictan otras disposiciones