La Ley 1876 de 2017 en Colombia creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) y se dictan otras disposiciones para articular los actores públicos y privados en la investigación, transferencia tecnológica y formación, promoviendo la productividad, sostenibilidad y competitividad del sector agropecuario mediante innovación, asistencia técnica y desarrollo rural integral.

La Ley 1551 de 2012 moderniza el régimen municipal, fortaleciendo la autonomía territorial. Promueve principios como coordinación y concurrencia entre niveles de gobierno, facilitando la gestión ambiental local. Incentiva la planificación territorial sostenible, la protección del medio ambiente sano y la participación ciudadana en decisiones ecológicas

La Ley 1708 de 2014 regula la extinción de dominio en Colombia respecto de bienes vinculados a actividades ilícitas o que afecten gravemente la moral social. Reconoce la función social y ecológica de la propiedad. La acción de extinción de dominio es autónoma, imprescriptible y no depende de procesos penales, con garantías procesales y remisión a normas constitucionales y penales. Esta acción es imprescriptible e independiente de la responsabilidad penal

La Ley 675 de 2001 regula la propiedad horizontal en Colombia, reconociendo la función social y ecológica de la propiedad. Establece principios de convivencia, salubridad y respeto por el entorno común. Exige que los reglamentos internos se ajusten a la normativa urbanística y ambiental vigente, incluyendo licencias de construcción, zonas verdes y equipamientos funcionales, promoviendo la sostenibilidad en conjuntos residenciales y comerciales

La Ley 397 de 1997 tiene como objeto desarrollar los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política, dictando normas sobre el patrimonio cultural, el fomento y los estímulos a la cultura, y creando el Ministerio de Cultura. Aunque su enfoque principal es cultural, incorpora disposiciones que articulan el desarrollo cultural con el desarrollo ambiental, científico y tecnológico, reconociendo la sostenibilidad como principio transversal en la protección del patrimonio

Ley 590 de 2000 promueve el desarrollo de las Mipymes [micro, pequeñas y medianas empresas], incluyendo rurales, como estrategia para el desarrollo regional sostenible. Fomenta la asociatividad, el acceso a mercados y tecnología, y apoya productores en áreas de economía campesina, contribuyendo indirectamente al uso responsable de recursos y al fortalecimiento de economías locales con enfoque ambiental 

Ley 2069 de 2020, por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia. Esta ley promueve la sostenibilidad empresarial. Fomenta prácticas responsables con el medio ambiente, la educación ambiental y la integración de políticas públicas para el desarrollo sostenible. Busca equilibrar el crecimiento económico con la protección ecológica y el bienestar social. 

La Ley 1469 de 2011 tiene como finalidad promover la oferta de suelo urbanizable y facilitar el acceso a la vivienda, mediante la ejecución de operaciones urbanas integrales que articulen la acción de la Nación, entidades territoriales, autoridades ambientales, empresas de servicios públicos y particulares. Se busca garantizar la sostenibilidad del desarrollo territorial y urbano, la protección del medio ambiente, la gestión del riesgo, y el derecho constitucional a la vivienda digna

La Ley 136 de 1994 moderniza la organización municipal, otorgando autonomía política, fiscal y administrativa a los municipios. Promueve la participación ciudadana y asigna a los municipios funciones como la prestación de servicios públicos, ordenamiento territorial y saneamiento ambiental, entre muchos otros. Fomenta el desarrollo sostenible, priorizando asuntos como la salud, el agua potable, la vivienda y la protección ambiental

La Ley 1617 de 2013 establece el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Especiales en Colombia, excluyendo a Bogotá D.C. Promueve el desarrollo integral territorial, incluyendo el ordenamiento ambiental, la gestión sostenible de recursos naturales y la participación ciudadana en temas ecológicos. Reconoce competencias distritales en planificación ambiental y protección del patrimonio natural