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Procedimiento Sancionatorio Ambiental La Presidencia de la República de Colombia expidió la Directiva Presidencial 10 de 2013, la cual establece lineamientos para la Consulta Previa con comunidades étnicas en proyectos que puedan afectar su territorio, cultura o medio ambiente. Define etapas como certificación, preconsulta, consulta y seguimiento, promoviendo la coordinación interinstitucional, la protección ambiental y el respeto por los derechos colectivos
Normativa
La Presidencia de la República de Colombia expidió la Directiva Presidencial 1 de 2010, la cual establece lineamientos para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de los grupos étnicos en Colombia, conforme al Convenio 169 de la OIT [Ley 21 de 1991] y la Constitución. Define acciones que requieren consulta, fases del proceso, responsabilidades institucionales y criterios para mitigar impactos ambientales y sociales en proyectos que afecten territorios étnicos, promoviendo participación efectiva y protección de derechos colectivos
La Presidencia de la República de Colombia expidió la Directiva Presidencial 08 de 2020, que contiene Guía para la realización de la Consulta Previa. Este documento define etapas y criterios para la consulta previa en proyectos con posible afectación directa a comunidades étnicas. Establece procedimientos técnicos, jurídicos y logísticos, incluyendo el test de proporcionalidad, para prevenir daños antijurídicos y garantizar participación efectiva
La Ley 2219 de 2022, por la cual se dictan normas para la constitución y operación de las asociaciones campesinas y de las asociaciones agropecuarias, se facilitan sus relaciones con la administración pública, y se dictan otras disposiciones. Es un estatuto organizativo y participativo campesino, cuya finalidad es fortalecer la estructura asociativa y la articulación con el Estado en el ámbito del desarrollo rural
Mediante la Ley 1503 de 2011 en Colombia se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones. Esta ley impulsa una movilidad racional y sostenible, promoviendo el uso de la bicicleta y la educación vial basada en valores que favorecen una relación armónica con el entorno. Contribuye a reducir impactos ambientales mediante prácticas de transporte más responsables
El Congreso de la República aprobó la Ley 1558 de 2012, por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 (Ley General de Turismo), la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones. Esta ley impulsa el turismo sostenible al exigir la conservación, protección y aprovechamiento responsable de los recursos y atractivos turísticos, incorporando principios como planeación, sostenibilidad y participación comunitaria, orientados a garantizar el uso adecuado del patrimonio natural del país
El Decreto – Ley 405 de 2020, por el cual se modifica la estructura orgánica y funcional de la Contraloría General de la República. Su objetivo central es adecuar la entidad al nuevo modelo de control fiscal, fortalecer sus capacidades técnicas y mejorar la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos
El Decreto – Ley 267 de 2000, por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. Institucionaliza la capacidad técnica para auditar la gestión pública con enfoque ambiental y de sostenibilidad
La Ley 1778 de 2016, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. Establece la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por soborno a servidores públicos extranjeros en transacciones internacionales, asigna la competencia sancionatoria a la Superintendencia de Sociedades y fija multas, inhabilidades y reglas procedimentales.
La Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. Esta ley fortalece la prevención y sanción de la corrupción mediante mayores responsabilidades para personas jurídicas, creación y control de los Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP), articulación interinstitucional y mecanismos para recuperar daños al Estado, incluyendo sanciones más severas e incentivos al cumplimiento (compliance)
